La Guardia Civil ha detenido a tres personas que conformaban una red de explotación laboral dedicada a suministrar mano de obra barata en construcciones del norte del país. Hay al menos 41 víctimas identificadas, obreros extranjeros en situación de vulnerabilidad, que trabajaban en Cantabria, Asturias y País Vasco.
La Policía Judicial de la Guardia Civil detectó el verano pasado indicios de esta posible red y la explotación laboral de numerosos trabajadores, apuntando a posibles delitos relacionados con el favorecimiento de la inmigración irregular, la trata de seres humanos, contra los derechos de los trabajadores y los derechos de los ciudadanos extranjeros, entre otros.
Los agentes realizaron vigilancias y numerosas comprobaciones en Cantabria, País Vasco y Asturias. Consiguieron identificar una empresa cuyo principal responsable desarrollaba su actividad en Bizkaia y cuya sede económica se encontraba en Vitoria-Gasteiz.
Descubrieron que muchos de los trabajadores se encontraban en una situación de especial vulnerabilidad por circunstancias económicas o sociales que favorecían un estado de dependencia respecto quienes controlaban sus desplazamientos y condiciones de trabajo.
Durante las actuaciones se observó que muchos de los trabajadores mostraban inicialmente reticencias a colaborar con las autoridades, dificultando la verificación de su identidad y situación administrativa, debido en parte al control que sobre los mismos ejercían sus contratadores y al hecho de su situación irregular. Posteriormente, varios de ellos reconocieron haber abonado importantes cantidades de dinero a organizaciones dedicadas a facilitar la inmigración irregular para llegar a España y acceder a un empleo.
Muchos de estos trabajadores habían realizado largos y complejos desplazamientos hasta nuestro país a través de diferentes rutas y medios de transporte, llegando en numerosos casos a contraer importantes deudas para financiar el viaje.
Las investigaciones se centraron principalmente en Álava, Bizkaia, Cantabria y Asturias. Los agentes detectaron que, al inicio de cada jornada laboral, numerosos trabajadores se concentraban en distintos puntos de Vitoria-Gasteiz, desde donde eran distribuidos en vehículos hacia diferentes obras de construcción, llegando a recorrer diariamente cientos de kilómetros.
En los casos de Asturias y Cantabria, debido a la distancia respecto a la sede de la empresa investigada, los trabajadores eran alojados en viviendas donde permanecían durante la semana laboral en condiciones que están siendo objeto de investigación.
Ante los indicios detectados, y en virtud del convenio existente entre la Secretaría de Estado de Seguridad y el Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social, en febrero de 2026 se incorporó a la investigación la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
Durante el desarrollo de la investigación se tuvo conocimiento de varios accidentes laborales sufridos por trabajadores vinculados al entramado investigado. Al menos dos de ellos habrían sido trasladados a centros sanitarios para recibir asistencia médica y posteriormente apartados de su actividad laboral.
Las investigaciones permitieron reunir indicios sólidos sobre la existencia de una estructura organizada presuntamente dedicada a favorecer la inmigración irregular y a explotar laboralmente a trabajadores extranjeros en situación de vulnerabilidad, además de estar relacionada con otros ilícitos penales.
Por ello, el pasado mes de mayo de 2026, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y las Unidades Orgánicas de Policía Judicial de la Guardia Civil de Álava y Cantabria, con el apoyo de más de setenta efectivos de las USECIC del País Vasco, Cantabria y Asturias, llevaron a cabo un operativo simultáneo en varias obras del norte de España.
Como resultado de la actuación se inspeccionaron una decena de obras ubicadas en Cantabria, País Vasco y Asturias, detectándose presuntas irregularidades laborales en siete de ellas.
Durante el operativo fueron identificados 41 trabajadores extranjeros vinculados a distintas empresas investigadas, la mayoría de ellos utilizando documentación de terceros para acreditar su identidad y encontrándose en situación administrativa irregular (40 de los 41 trabajadores).
Las diligencias han sido puestas a disposición de la autoridad judicial competente de Santander, que dirige actualmente la instrucción del procedimiento.
En total, han sido detenidas tres personas, responsables empresariales. También se investiga a una cuarta por su participación en los hechos. La operación, de nombre “Ambotan-Canapu”, continúa abierta y no se descartan nuevas actuaciones a medida que avance el análisis de la documentación y los dispositivos intervenidos.