Agentes de la Policía Nacional han detenido a siete personas por explotación laboral de ciudadanos extranjeros en call centers, como presuntos responsables de un delito continuado contra los derechos de los trabajadores, siendo puestos a disposición de la autoridad judicial.
Los arrestados – cuatro hombres y tres mujeres- establecían un sistema de castigos humillantes a los trabajadores entre los que se incluía lanzar tartas a la cara.
La investigación inicial, que contó con la colaboración de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Madrid, se inició cuando la Policía Nacional tuvo conocimiento de la existencia de estos call centers que imponían condiciones laborales restrictivas de derechos.
El dispositivo fue desarrollado en 15 centros. La inspección encontró a un total de 48 personas trabajadoras sometidas a condiciones abusivas. De ellos, 31 eran trabajadores extranjeros en situación irregular y 16 no estaban dados de alta en la Seguridad Social.
A pesar de que los empresarios trataban de impedir cualquier tipo de injerencia policial, cambiando constantemente la ubicación de los locales, las investigaciones permitieron ubicarlos tanto en la ciudad de Madrid como en la localidad de Fuenlabrada.
Los responsables de los centros contrataban a ciudadanos extranjeros que carecían de permiso de trabajo y les sometían a condiciones de abuso que restringían cualquier derecho laboral.
Los trabajadores, además, tenían que cumplir unos objetivos diarios a través de llamadas a particulares. Para ello, contaban con un guion previo e invasivo, cuyo objetivo era estafar a los interlocutores para que contrataran determinados productos o servicios.
Los encargados de las empresas utilizaban un ranking diario en función de las contrataciones conseguidas. Así, se establecía un sistema de recompensas y castigos degradantes en función de la posición que los empleados ocupaban en dicho ranking. Entre las conductas humillantes estaba el lanzar tartas a la cara del trabajador que quedaba en la última posición de ese ranking, en presencia de todos sus compañeros.
Los responsables de estos centros eran conocedores de la situación irregular en la que se encontraban los trabajadores, prevaliéndose su posición para ofrecerles unas condiciones laborales que no les permitían exigir ningún derecho. Sus jornadas de trabajo excedían los límites legales y carecían de los días de descanso obligatorios, vacaciones, retribuciones justas o seguros médicos ante la posibilidad de cualquier accidente laboral.
Por todo ello, el 10 de marzo, se llevó a cabo la entrada y registro en 15 call centers y posteriormente se detuvo a siete personas como presuntos responsables de un delito continuado contra los derechos de los trabajadores.
