Agentes de la Policía Nacional han detenido en Valencia a los responsables de una empresa constructora, dos varones y la mujer de uno de ellos, como presuntos autores de delitos de falsedad documental y contra los derechos de los trabajadores. Según la investigación, los arrestados habrían utilizado la documentación de empleados contratados legalmente para facilitar el acceso a obras de construcción a decenas de trabajadores que carecían de autorización de residencia y trabajo.
Los trabajadores afectados, muchos de ellos en una situación de especial vulnerabilidad, percibían salarios muy por debajo de los habituales del sector, cobraban en efectivo y no estaban dados de alta en la Seguridad Social.
La investigación tuvo su origen en una denuncia que llegó a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Valencia de un trabajador de la empresa afectado por esas conductas, que percibía una remuneración de 6,50 euros por hora. Esta denuncia inicial permitió destapar una compleja trama de fraude laboral y documental. La Inspección de Trabajo puso en marcha una exhaustiva investigación dentro de la campaña de control de economía irregular en el sector de la construcción. Las actuaciones inspectoras, desarrolladas entre julio de 2025 y abril de 2026, practicadas por un inspector y una subinspectora, consistieron en la realización de numerosas visitas a centros de trabajo en distintas localidades de la provincia de Valencia, entre ellas Beniparrell, Cheste, Paiporta, Sagunto y Valencia capital. La investigación se centró en una empresa de construcción, que intervenía en diversas obras ejecutadas por importantes empresas del sector. Se llevaron a cabo entrevistas con trabajadores, comparecencias de representantes empresariales y un análisis detallado de documentación laboral y de Seguridad Social. Entre las obras afectadas figuraban proyectos ejecutados por las principales compañías del sector de la construcción e infraestructuras.
Como resultado de todas estas investigaciones, la Inspección de Trabajo descubrió un sistema organizado de suplantación de identidad que habría afectado al menos a 83 trabajadores. La operativa consistía en utilizar la documentación y las tarjetas de acceso a las obras de trabajadores contratados legalmente para que otras personas, que carecían de autorización para trabajar en España, pudieran acceder a las obras y desarrollar su actividad bajo una apariencia de legalidad.
De este modo, una misma identidad era utilizada por varias personas en distintos centros de trabajo, llegando a detectarse casos en los que el supuesto titular aparecía prestando servicios simultáneamente en diferentes obras. Según la investigación, los trabajadores que hacían uso de estas identidades se encontraban en condiciones de especial vulnerabilidad, siendo utilizados para cubrir necesidades de mano de obra al margen de la normativa laboral, de Seguridad Social y de extranjería.
La Inspección de Trabajo levantó actas de infracción por obstrucción a la labor inspectora y por infracciones en materia de extranjería. En concreto, se constataron tres infracciones relacionadas con la contratación de trabajadores extranjeros y diez infracciones por obstrucción, al facilitarse identificaciones falsas de los trabajadores presentes en las obras inspeccionadas.
La gravedad de los hechos, su extensión en el tiempo y el elevado número de personas potencialmente afectadas llevaron a la Inspección de Trabajo a apreciar indicios consistentes de posibles ilícitos penales relacionados con delitos contra los derechos de los trabajadores, falsedad documental y suplantación de identidad, por lo que la Inspección remitió informe al Ministerio Fiscal.
Las actuaciones policiales desarrolladas posteriormente permitieron avanzar en la investigación y culminaron con la detención de tres personas presuntamente implicadas en la trama, encontrándose las diligencias actualmente en sede judicial.
La actuación conjunta de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y la Policía Nacional constituye un ejemplo de colaboración institucional en la lucha contra las redes que explotan laboralmente a personas extranjeras en situación de vulnerabilidad