Agentes de la Policía Nacional han detenido al administrador de una empresa del sector de la hostelería como presunto autor de dos delitos contra los derechos de los trabajadores, tras una investigación desarrollada por la Brigada Local de Extranjería y Fronteras en colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Las Palmas (Islas Canarias).
La denominada “Operación HORNEO”, iniciada a comienzos de 2024 y prolongada durante más de dos años, permitió acreditar un presunto sistema continuado de contratación de ciudadanos extranjeros en situación administrativa irregular con el objetivo de reducir costes laborales y eludir las obligaciones legales en materia laboral, de Seguridad Social y tributarias.
Las investigaciones se centraron en dos establecimientos de hostelería de Puerto del Rosario, donde se realizaron diversas inspecciones entre los años 2024 y 2026. Durante las actuaciones fueron identificados ocho trabajadores extranjeros que carecían de autorización de residencia y trabajo y que tampoco figuraban dados de alta en la Seguridad Social.
Las diligencias practicadas incluyeron la toma de declaración de varias trabajadoras, cuyos testimonios permitieron conocer las condiciones en las que desarrollaban su actividad laboral. Según las investigaciones, los empleados realizaban funciones de atención al público, cocina, panadería y limpieza, percibiendo remuneraciones de aproximadamente 1.200 euros mensuales o entre 30 y 55 euros diarios, abonadas íntegramente en efectivo, sin contrato laboral, sin cotización a la Seguridad Social y sin disfrutar de vacaciones.
Asimismo, una de las testigos manifestó haber recibido instrucciones expresas para abandonar el establecimiento, negar la existencia de la relación laboral y ocultar el uniforme de trabajo en caso de inspección por parte de las autoridades.
La investigación también puso de manifiesto que el responsable de la empresa era plenamente conocedor de la situación administrativa irregular de los trabajadores desde el momento de su contratación, circunstancia que, presuntamente, aprovechaba para imponer condiciones laborales especialmente gravosas y limitar el ejercicio de sus derechos.
Las comprobaciones realizadas permitieron constatar un amplio historial de infracciones administrativas en materia laboral y de extranjería atribuidas al investigado y a su empresa, con sanciones que superan los 139.800 euros, además de una nueva propuesta sancionadora de 30.003 euros de las últimas inspecciones.
Como resultado de la investigación, el 10 de julio fue detenido el administrador de la empresa como presunto autor de dos delitos contra los derechos de los trabajadores tras; fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente de Puerto del Rosario.
