El 13 de abril, funcionarios de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con la Policía Judiciaria de Portugal, bajo la coordinación de EUROPOL y EUROJUST desarticularon una organización criminal que, presuntamente, introducía trabajadores extranjeros en España mediante documentación falsa.
La red habría contratado a más de 1.000 trabajadores extranjeros, principalmente originarios de Colombia y Perú, a quienes ofrecían falsos empleos como soldadores en Portugal. Las víctimas pagaban hasta 300 euros por trámites que, en muchos casos, no se materializaban; además, carecían de cobertura en la Seguridad Social y trabajaban sin las medidas de seguridad adecuadas, lo que ocasionó accidentes laborales.
La denominada ‘Operación Carabela’, desarrollada de forma coordinada tanto en España como en Portugal, y en la que ha participado el Centro Especializado de Combate al Tráfico de Migrantes y Trata de Personas, con sede en Brasil, ha permitido la detención de cinco personas en la provincia de Barcelona, presuntos responsables de varios delitos: pertenencia a organización criminal, favorecimiento de la inmigración, delitos contra los derechos de los trabajadores, estafa y falsedad documental.
La investigación policial se inició en mayo de 2025 cuando se detectó a empresas portuguesas en España que ofertaban, a empresas españolas del sector metalúrgico, soldadores cualificados.
La organización estaba integrada mayoritariamente por ciudadanos brasileños y operaba entre España y Portugal. Captaban trabajadores en países como Colombia y Perú, a quienes ofrecían empleo como soldadores en Portugal. Sin embargo, al llegar a nuestro país se les decía que el trabajo iba a desarrollarse aquí, aunque se les daría de alta en la Seguridad Social de Portugal.
Los cerca de 1.000 trabajadores a los que se engañó firmaban contratos en portugués sin conocer el idioma ni comprender su contenido. Una vez en España se les obligaba a realizar pagos para gestionar documentación en Portugal que no llegaba a formalizarse, siendo ellos mismos quienes finalmente abonaban unas altas inexistentes en la Seguridad Social.
Para dar cobertura a estas actividades, la red creó una empresa en Sabadell (Barcelona) con el mismo nombre que una empresa mercantil portuguesa, lo que facilitaba la apariencia de legalidad. A través de estas empresas se subcontrataban servicios a compañías españolas del sector metalúrgico. Sin embargo, la documentación presentada era falsa, incluyendo certificados de desplazamiento, altas en la Seguridad Social portuguesa, tarjetas de residencia, cursos de formación y reconocimientos médicos.
Las investigaciones policiales y las actuaciones de la Inspección de Trabajo en varias provincias revelaron que las empresas implicadas incumplían sistemáticamente la normativa laboral, especialmente en lo relativo a convenios colectivos del sector metalúrgico. Tampoco se les proporcionaba a los trabajadores los obligatorios equipos de protección individual, lo que derivó en accidentes laborales frente a los que estaban desprotegidos.
La operación culminó en febrero de 2026, con la participación de más de 100 policías de España y Portugal, realizándose registros domiciliarios en ambos países. El líder de la organización se encontraba en Emiratos Árabes Unidos, desde donde dirigía la actividad delictiva, y fue sido detenido en virtud de una orden internacional de detención emitida a través de INTERPOL.
En suma, participaron las siguientes las Unidades especializadas en Extranjería y Fronteras: La Unidad Central contra Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF), así como las UCRIF de Barcelona, Málaga y Sevilla; en todas ellas, en estrecha cooperación con funcionarios de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de las citadas provincias. También colaboraron en esta operación las Brigadas Provinciales de Extranjería de Pamplona, Tudela, Huelva y Gerona.
