Dos hombres fueron detenidos el 7 de abril como presuntos autores de un delito contra los derechos de los trabajadores después de que la Policía Nacional haya desmantelado un taller textil clandestino en una localidad de Camp de Túria, en Valencia.
Un total de 25 personas trabajaban en dicho taller sin estar dados de alta en la Seguridad Social. De ellos, 23 se encontraban en situación irregular en España.
La investigación policial se inició a raíz de una visita conjunta de la Policía Nacional y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Valencia, en octubre de 2025, a un inmueble situado en un municipio de Camp de Túria, donde se sospechaba que podría estar desarrollándose una actividad textil irregular.
En la actuación participaron una subinspectora laboral (escala de Empleo y Seguridad Social), y un subinspector laboral (escala de Seguridad y salud laboral) Además, el origen de la actuación fue el Buzón de la ITSS.
Se comprobó que en el lugar se había instalado un taller de confección textil que operaba sin licencia de actividad, en cuyo interior trabajaban 25 personas confeccionando prendas para diversas empresas del sector, sin contrato ni alta en la Seguridad Social, de las que 23 estaban además en situación irregular. Dos de los empleados irregulares vivían en el inmueble, en condiciones insalubres, siendo utilizados por el principal investigado para garantizar el funcionamiento del taller.
Los empleados realizaban jornadas laborales muy superiores a lo legalmente previsto, que llegaban a superar las 60 horas semanales, percibiendo a cambio retribuciones de unos 1.000 euros mensuales. Además, se localizó durante la inspección una furgoneta utilizada para trasladar diariamente a los trabajadores desde el área metropolitana de Valencia hasta el taller, así como para el transporte de las prendas confeccionadas a las empresas que subcontrataban la producción textil.
Los investigadores pudieron determinar que la actividad se realizaba a través de una empresa mercantil que emitía facturas a otras empresas del sector, para dotar de apariencia de legalidad a la actividad.
En la primera inspección el taller quedó precintado, aunque los agentes de la Policía detectaron indicios de que la actividad continuaba desarrollándose, por lo que tuvo lugar una nueva inspección en febrero de 2026, en la que se comprobó que se había reanudado el funcionamiento del mismo taller y que el principal investigado seguía gestionando encargos de producción en el mismo.
Tras finalizar la investigación policial, los agentes detuvieron a dos hombres. Se ha formulado comunicación al Ministerio Fiscal por entender que podrían haber incurrido en un delito contra los derechos de los trabajadores (Artículo 311.3 del Código Penal)
